Luis Pazos

Hace 40 años, unas semanas antes de las olimpiadas, fueron asesinadas en la Plaza de las Tres Culturas decenas de estudiantes y soldados. Esa masacre ha sido utilizada por radicales de izquierda como ejemplo de represión gubernamental a los estudiantes.

En el 68 fungía como presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho. Viví de cerca esos hechos. Para situar a los verdaderos responsables hay que tomar en cuenta que más del 90% de los que integraban el Consejo Nacional de Huelga eran activistas de izquierda, partidarios de la doctrina marxista-leninista, que justifica la violencia como un medio para llegar al poder.

El objetivo de ese movimiento era impedir la celebración de las olimpiadas en México y darle foro a la izquierda, representada en aquel entonces por el Partido Comunista, del cual posteriormente toma su registro el PRD.

La matanza aconteció el 2 de octubre de 1968, después de un mitin, donde el gobierno ya sabía que habría provocaciones, pero no conocía cuáles serían. Los oradores del mitin, una vez terminado, se retiraron de la plaza, pues les habían dicho que se alejaran. Sólo quedaron soldados y estudiantes, ningún líder del Consejo Nacional de Huelga. Entonces, desde los edificios empezaron a disparar ametralladoras sobre soldados y estudiantes. De los primeros en caer herido fue el General José Hernández Toledo, quien iba al frente de los militares.

No hay ninguna foto de soldados disparando a los estudiantes, que estaban junto a ellos, pero sí de soldados apuntando hacia las azoteas de los edificios, de donde venían ráfagas de ametralladoras. Quienes ametrallaron a soldados y estudiantes querían víctimas. La estrategia de crear víctimas, utilizada en varias partes del mundo por los radicales de izquierda, fue maquinada para darle fuerza al movimiento y lograr que se cancelaran las olimpiadas.

Mi tesis es que los miembros radicales de izquierda del Consejo Nacional de Huelga, fueron los responsables de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. (Para profundizar más sobre esta tesis www.cisle.org.mx).

Los principales beneficiarios de que el Congreso rechace la iniciativa enviada por el Presidente Felipe Calderón, como lo documento en el libro “Los dueños de PEMEX”, son las grandes empresas petroleras norteamericanas.

Parte de la gasolina que consumimos en México la refinan empresas trasnacionales privadas norteamericanas en Texas. De aprobarse la reforma, que permitiría a empresas particulares refinar petróleo para PEMEX en México, se refinaría una menor proporción del petróleo mexicano en Texas.

En el Golfo de México hay más de 30 empresas trasnacionales norteamericanas asociadas con otras de alta tecnología de diversas partes del mundo que, de no aprobarse la reforma, podrán extraer petróleo de los mantos mexicanos en el Golfo de México mediante el efecto popote.

Las compañías trasnacionales norteamericanas tienen funcionando en las aguas profundas del Golfo de México cerca de 2000 pozos, que producen más de un millón de barriles diarios; en México sólo se han perforado 6 pozos, de los cuales 5 no han dado resultado, pero le han costado a Pemex cientos de millones de dólares.

Si no pasa la reforma, PEMEX seguirá perforando lentamente mediante contratos con empresas trasnacionales, las que sin ningún riesgo y cobrando altos precios generan pocos o nulos beneficios para PEMEX.

La izquierda radical en México dice que la reforma estregará a PEMEX al capital extranjero, en la realidad las petroleras estadounidenses serán las beneficiadas del rechazo a la iniciativa de la reforma petrolera, pues podrán refinar más petróleo mexicano en Texas y extraer a sus anchas más petróleo en aguas profundas del Golfo de México.

Una de las tesis que fundamento en mi libro “Los dueños de Pemex” es que las posturas de los radicales de izquierda mexicana en relación a la reforma petrolera, van de la mano con los intereses de las trasnacionales petroleras norteamericanas.

Muchos políticos, gobernantes y no pocos juristas, confunden, por ignorancia o interés, el término nación con el de gobierno.  Nación define al conjunto de personas asentadas en un territorio con características comunes y un mismo gobierno. El gobierno es parte de la nación, no es la Nación.

En los regímenes absolutistas europeos de los siglos XVII y XVIII, en los despotismos orientales y en los social-totalitarismos del siglo XX, se confundía el término nación con el de Estado. El Estado se identificó con una persona o partido. Es famosa la frase de Luis XIV “el Estado soy yo”, que todavía en el siglo XXI la practica Hugo Chávez en Venezuela.

Cuando un gobernante expropia una empresa y pasa a manos del gobierno, dice que nacionalizó la empresa, esa expresión es errónea y más cuanto los propietarios son miembros de esa nación. Una cosa es estatizar y otra nacionalizar. Una empresa privada perteneciente a personas que ostentan la nacionalidad mexicana es nacional. La nación no es únicamente el gobierno mexicano, también los mexicanos. Si yo, mexicano, soy dueño de una empresa en México, mi empresa es nacional.

Cuando llega una persona a un país se le pregunta su nacionalidad, es decir, a que nación pertenece, se hace una división entre nacionales y extranjeros. Entre más atrasado esta un país más diferencias jurídicas existen entre nacionales y extranjeros.

Si la Constitución Mexicana habla de que ciertos recursos pertenecen a la Nación, no debe entenderse que son exclusivos del gobierno o Estado, sino de los nacionales, es decir, de quienes ostenten la nacionalidad mexicana.

La interpretación de un texto constitucional que pretenda identificar Nación con Estado sólo cabe en  los regímenes totalitarios o dictatoriales, donde no hay ciudadanos sino súbditos. En esos regímenes consideran al grupo de gobernantes como iluminados o una casta superior, bajo cuya propiedad los recursos generan más productos a menores precios y se distribuyen con mayor equidad, situación que no se dio en los capitalismos de Estado del siglo XX. En esos regímenes totalitarios el gobierno era la Nación y los gobernantes, “dueños de vidas y haciendas”.

En Vietnam, a mediados del siglo XX, se desató una cruenta guerra civil entre Vietnam del Norte y del Sur. Vietnam del norte estaba en manos de un grupo de guerrilleros que en nombre del marxismo combatieron por todos los medios al gobierno de Vietnam del Sur. Más de medio millón de vietnamitas murieron para instaurar las políticas marxistas, que teóricamente reivindicarían a los trabajadores pobres. Una vez llegados al poder pusieron en práctica en todo Vietnam el “socialismo real”, que concentró el poder económico y político en manos de un solo partido. Dos décadas de marxismo no resolvieron los problemas de pobreza y atraso, los empeoraron.

Vietnam empezó a progresar hasta que dejó a un lado las políticas marxistas y puso en práctica los principios económicos que antes tachaban de capitalistas. A los marxistas vietnamitas sólo les queda decir a los familiares de cientos de muertos y a las generaciones que vivieron en la miseria bajo los gobiernos marxistas: ¡perdón, nos equivocamos!

En China sucedió algo parecido. China ha progresado en las dos últimas décadas gracias a que desechó los principios y políticas marxistas y adoptó esquemas que antes condenaban como imperialistas. A los millones de chinos que murieron, padecieron hambre y miseria durante más de 40 años de políticas maoístas, sólo pueden recibir de los marxistas un ¡perdón, nos equivocamos!

En Cuba, durante más de cuatro décadas se practicaron los principios marxistas que, entre otras cosas, prohibieron cualquier iniciativa privada. Ahora, ante la agonía de su líder máximo ”Fidel”, su hermano “Raúl”  empieza a echar a la basura los principios marxistas y las políticas del capitalismo monopólico de Estado, que sólo generaron miseria y represión. Cuando muera Fidel Castro sólo les quedará a los viejos marxistas decirles a las generaciones de cubanos que emigraron y a los que han vivido en la miseria en Cuba: ¡perdón, nos equivocamos!, las políticas del capitalismo de Estado, no resolvieron ningún problema social, los empeoraron.

Las mujeres, los hombres y los jóvenes con pleno uso de razón, deben decidir libremente qué hacer con su cuerpo y su vida, siempre y cuando no perjudiquen a otros seres humanos.

Si quiero desayunarme grasosas hamburguesas, comer cantidades exuberantes de frituras Y cenarme una docena de tacos de carnitas, aunque me suba el colesterol, los triglicéridos y colocarme en el riego de sufrir un infarto, estoy en libertad de hacerlo y ninguna autoridad debe prohibírmelo. Si decido tomarme un litro de refresco en la mañana, otro a medio día y otro más en la noche, pronto tendré diabetes, pero tengo el derecho de hacerlo.

Si fumo un cigarro tras otro, sé que tengo altas posibilidades de contraer cáncer de pulmón, pero estoy en el derecho de hacer lo que quiera con mi cuerpo. Si decido tomarme en la mañana una botella de brandy, a medio día otra y en la noche una de tequila, puedo hacerlo y volverme un alcohólico, siempre y cuando no tome un automóvil y atropelle a pacíficos ciudadanos.

Si decido usar cocaína para sentir la ilusión de una mayor seguridad y fortaleza en los antros, puedo hacerlo, siempre y cuando no delinca para pagar mi vicio ni viole las leyes vigentes, expedidas teóricamente para proteger a mi cuerpo del consumo de drogas, aunque sirvan básicamente para transferir enormes ganancias a las mafias.

En el caso del aborto, lo fundamental de la discusión está en definir si la “cosa”, “feto” o ser que una mujer embarazada carga en su vientre es parte de su cuerpo o es otro cuerpo.

Hay que dejar que un grupo de científicos especialistas determinen si lo que trae dentro una mujer embarazada puede catalogarse como un ser humano o es un apéndice de su cuerpo, al igual que un riñón o un tumor. Si es un apéndice de mi cuerpo, yo decido qué hacer con él, si es otro ser, debe protegerlo la ley, aunque no pueda manifestar, al igual que un niño de dos meses, si quiere vivir o morir. La penalización o despenalización del aborto debe decidirse en base a criterios científicos.

El 18 de agosto pasado la conocida columnista de The Wall Street Journal, Mary Anastasia O´Grady, publicó un artículo al que tituló “Mexico Pays the Price of Prohibition”, (México paga el precio de la prohibición). O’Grady sostiene que la guerra contra las drogas se libra incorrectamente y que el país más perjudicado es México. La guerra contra las drogas ha generado más muertes en México, 4,909 de diciembre de 2006 a la fecha, a las sufridas en la guerra de Irak, 4,142 de marzo del 2003 a la fecha.

La pérdida de miles de vidas y de millonarios recursos dedicados a la guerra contra el narcotráfico en México son debidos, sostiene Mary O´Grady, a una infructuosa prohibición de ciertas drogas. Esa prohibición, al igual que pasó con el alcohol en 1929, genera más daños sociales que beneficios.

En los Estados Unidos gran parte de la cocaína introducida desde México la consumen en reuniones sociales  para alargar las fiestas. Esos consumidores se sienten más felices con la droga que consumen, mientras en México con el dinero proveniente de esa droga se arma al crimen organizado, que ha extendido sus tentáculos al secuestro y la extorsión. Cerca del 90% de las cárceles federales en México están ocupadas por acusados de narcotráfico y su red de crímenes.

Los EUA son el principal destino de la droga proveniente de América Latina. El pago de esa droga es la principal fuente de financiamiento del crimen organizado. De los EUA llega la mayoría de las armas para el crimen organizado y en EUA está la cadena final del narcotráfico.

No es suficiente que el Congreso norteamericano apruebe millonarios recursos para apoyar la guerra contra el narcotráfico en México, es indispensable que dentro de su país implementen un nuevo marco legal para quitarles el mercado a los narcotraficantes. Hasta ahora ningún adicto o consumidor “social” de droga en EUA ha experimentado una escasez de droga, sólo temporales aumentos en sus precios, como consecuencia de los muertos en México y de los millones gastados teóricamente para que no puedan comprar su vicio.

Hace 30 años visite la República Popular China. Nuestro guía pertenecía a los “guardias rojos”, grupo de jóvenes fanáticos de la doctrina maoísta marxista, religión oficial del partido comunista, bajo cuyos principios se gobernó en China por varias décadas el siglo pasado.
Los únicos libros de contenido económico y político a los que tenía acceso la población eran los de Mao Tse Tung. Todos los chinos del pueblo vestían pantalón y camisa de algodón color verde o azul. Los altos burócratas, de casimir gris. El pueblo viajaba en bicicleta; los altos burócratas, en auto.

En las aceras de Beijing se veían miles de chinos sentados, sin hacer nada, desempleados. La mayoría vivían hacinados en casuchas que no contaban con agua ni servicios básicos. Era común verlos en las orillas de los ríos enjuagando verduras en agua sucia para comer. Los salarios eran mucho más bajos que los actuales. Esa China, clasificada como uno de los países más pobres del planeta, daba lástima. Los sociólogos marxistas culpaban a la sobrepoblación del desempleo y  la ausencia de crecimiento de la economía China.

La China que vemos ahora, donde se desarrollan los Juegos Olímpicos, está más poblada que hace tres décadas, sin embargo su economía es la que más crece de todos los países. Ha reducido el desempleo y la miseria extrema más rápido que los demás países subdesarrollados.

¿Cuál es el secreto? Aunque conservan los retratos de Mao en los edificios públicos, tiraron a la basura los principios de las políticas económicas Marxistas- Leninistas- Maoistas, que partían del capitalismo monopólico de estado. El gobierno era el único que podía manejar e invertir  en los principales sectores de la economía. Ahora China es el país del mundo en vías de desarrollo que recibe más inversión extranjera. La mayoría de las empresas estatales están asociadas con inversionistas privados. Su sistema fiscal es más atractivo para las inversionistas que el mexicano y su legislación laboral más flexible. En esos cambios radica el secreto del éxito económico de los chinos.

Una de las instituciones fundamentales en la transición democrática en México ha sido el Instituto Federal Electoral (IFE), cuya independencia del poder ejecutivo en los años 90 fue el inicio real del sistema democrático en México. Su primera prueba de fuego fue la elección presidencial del 2000, en la que triunfó el PAN con Vicente Fox. El PRI, con todo el dolor de su corazón, reconoció su derrota.

En las pasadas elecciones presidenciales un grupo de radicales del PRD, los mismos que no reconocieron su derrota en las recientes elecciones internas para presidente de su partido, se dedicaron a  difamar al presidente del IFE y desprestigiar a esa institución. Desconocieron el triunfo de Felipe Calderón y montaron el circo de un gobierno legítimo.

Desde el Congreso engatusaron al PRI y al PAN para modificar la ley del IFE y consumar su venganza contra el presidente del IFE, al lograr que lo separaran anticipadamente de su cargo. En la reforma al COFIPE introdujeron en la Constitución, con la desafortunada colaboración del PRI y del PAN, artículos que limitan la libertad de expresión. Esa limitante a la libertad de expresión la maquinaron los radicales del PRD como venganza a los anuncios de ciudadanos y empresas contra su candidato, aparecidos en los medios electrónicos en las elecciones del 2006.

Con la excusa de buscar “la verdad histórica”, protestan por la proyectada destrucción de las boletas electorales del 2006 como marca la ley. Y las autoridades, aunque es un proceso normal poselectoral, después del conteo y desahogo de todas las inconformidades conforme a derecho, por miedo a los radicales prefieren guardarlas, que las destruya el tiempo, a darles una bandera para que organicen desordenes y bloquen calles en el D.F., donde los dejan hacer lo que quieran.

No debe gobernarse en base a caprichos de los radicales, quienes amenazan al Poder Judicial, toman la tribuna del Congreso violentamente, calumnian a funcionarios sin pruebas y descalifican reformas antes de leerlas. Aunque cada vez menos mexicanos abalan las posiciones de esos extremistas, causan daños con sus violaciones al derecho y al sistema democrático.

Cananea, en el Estado de Sonora, famosa desde la Revolución Mexicana, se encuentra a punto de convertirse en una ciudad fantasma. Miles de habitantes han emigrado, muchos comercios han cerrado, otros resisten con enormes pérdidas. Los mineros no pueden trabajar debido a una huelga que desde hace un año mantiene un sindicato, a cuyo líder  persigue la justicia debido al desvío de millones de dólares de los trabajadores.

El sindicato, manejado desde Canadá por su líder, conocido como Napo II, quien heredó la Secretaría General de su padre, exige se retiren las acusaciones penales en su contra a cambio de terminar la huelga en la mina de Cananea. Millonarios recursos manejados desde Canadá, donde vive Napo II, son destinados a pagar abogados y mantener asustados a la mayoría de mineros. Esos recursos y los incondicionales del líder son suficientes para destruir una fuente de trabajo, acabar con un pueblo y mantener en jaque a las autoridades mexicanas.

Más de la mitad de los 11 mil mineros que laboraban en la mina al iniciarse la huelga han emigrado; los que quedan sobreviven desde hace un año con el 10% de sus ingresos, que eran de alrededor de 40,000 pesos; 1,200 contratistas desempleados,  una inversión frenada, que representa 3,600 empleos y un 75% más de producción. Pérdidas a la mina por 1,360 millones de dólares. La producción de cobre en México se redujo en 40%, la que fue sustituida por ventas de mineras chilenas al mercado mundial.

Esos son algunos de los resultados de la decisión de un rico líder sindical de destruir una industria porque el gobierno no accede a su demanda de levantar órdenes de aprehensión en su contra por disponer de millones de dólares de los trabajadores y declararlo oficialmente representante de los trabajadores mineros en México. Ese sindicalismo fascista, que mantuvo a México atrasado durante el siglo XX y todavía está vigente en algunos sectores de la economía, es una de las principales causas de desempleo, corrupción y caída de la competitividad internacional de la industria mexicana.

La reciente consulta del PRD sobre la Reforma Energética, además de adolecer de los vicios de la mayoría de los procesos organizados por ese partido: desorden, acarreo, inducción al voto y taqueo de urnas, es una prueba más de lo que dijo a los medios el comandante de los radicales del PRD: “al diablo con las instituciones”.

Les llamo radicales al grupo del PRD que impulsó la consulta para diferenciarlos de los moderados de ese partido, que han pintado su raya con los organizadores de la consulta. Los radicales dicen que la iniciativa del Ejecutivo Federal no respeta la Constitución, pero ellos de entrada la hacen a un lado, pues en ninguna parte de la Constitución señala que los legisladores subordinarán sus decisiones a una consulta organizada por el Gobierno del Distrito Federal y una facción de su partido político.

La consulta desde un principio fue descalificada, aún por perredistas, tanto por su metodología como por su organización. El Ing. Cuauhtémoc Cárdenas señaló que las preguntas estaban mal planteadas. Varios de los legisladores perredistas, entre ellos Ruth Zavaleta Salgado, aún presidenta de la Cámara de Diputados y Carlos Navarrete Ruiz, líder de la bancada perredista en el Senado, han dicho que no es vinculante y han manifestado sus errores. Videos y crónicas de reporteros dejan claro la manipulación de ese ejercicio partidista; sin embargo, sus organizadores quieren presentar al voto de las mismas personas que asisten a los mítines de los radicales como la opinión del pueblo mexicano y exigen a diputados y senadores que decidan en base a los resultados de esa consulta. El total de votos emitidos representa el 9% de los que votaron por el PRD y el 3% del total de los votantes en las elecciones presidenciales en el 2006. Si consideramos a quienes no se manifestaron en la “consulta”, se podría concluir que el 97% de los mexicanos que votaron en el 2006 no aceptaron la consulta de una fracción del PRD sobre la reforma petrolera.

El verdadero motivo de esa consulta a la opinión pública, que más bien fue a los miembros de un partido, es tener un argumento para que si la decisión de los legisladores no satisface al comandante de los radicales del PRD, iniciar una “resistencia pacífica-violenta” aludiendo que se violó la voluntad popular.